Los guardias civiles exigen a Sánchez que impida que la Generalitat les expulse de las aguas catalanas

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL -mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil- ha instado al Gobierno a ratificar a esta fuerza policial como la única competente en materia de seguridad en las aguas territoriales españolas.

Esta petición llega después de que desde la Generalitat se haya puesto en marcha una unidad marítima de los Mossos d’Esquadra, pese a que esta policía autonómica tiene únicamente competencias administrativas en las denominadas aguas interiores.

En su presentación, los responsables del Ejecutivo catalán afirmaron que esta unidad nacía con todo tipo de competencias policiales. Por tanto, señalan desde JUCIL, también las relacionadas con la seguridad y el orden público, una materia que según el ordenamiento corresponde en exclusiva a la Guardia Civil para el conjunto de todas las aguas territoriales españolas, tanto las que tienen el carácter de interiores, como el resto.

«El juego político no puede poner afectar a la seguridad de las personas. Consideramos que debe de ser el Gobierno de la Nación quien especifique con claridad cuáles son las funciones de unos y otros cuerpos policiales, de forma que la actividad de los mismos no afecte en ningún caso a la seguridad jurídica de la que gozan los ciudadanos», afirman desde la asociación.

Añaden que «ningún cuerpo de policía autonómico comparte esta competencia en las aguas territoriales españolas».

En este contexto, aseveran que «la falta de respuesta por parte del Ejecutivo nacional permite que el servicio marítimo de los Mossos d’Esquadra, un servicio que solamente cuenta con competencias para tareas de carácter administrativo, como puede ser la pesca o el marisqueo, en las denominadas aguas y mar interiores, excluya a los guardias civiles en tareas vitales para los ciudadanos como el salvamento marítimo”, según explica Milagros Cívico, responsable de JUCIL en Cataluña. «Las autoridades catalanas excluyen a la Guardia Civil del servicio de urgencias en esta zona de España, una actitud que, en aras del juego político, pone en peligro la vida de las personas», añade.

Los Mossos tienen competencias de naturaleza administrativa, pero no penal. Estas últimas le fueron retiradas en marzo de 2019, cuando la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial decidió que la competencia en materia de Policía Judicial recayera de forma exclusiva en la Guardia Civil.

Sin embargo, el conflicto continúa por la decisión de la Administración catalana de no informar a la Guardia Civil de las intervenciones del servicio de emergencias, recalcan desde esta organización.

«Necesitamos que sea el Gobierno quien, de una forma clara y rotunda, especifique con claridad cuáles son las competencias de unos y otros, para evitar situaciones en las que los ciudadanos se conviertan en víctimas de la burocracia», concluye Cívico.